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Foro creado el 29/11/2005 10:01 • Mensajes (Incluyendo respuestas): 7.836 • Último mensaje: 19/09/2025 17:12
ESTA ES LA SALIDA QUE TIENE SER EDUCADOR SOCIAL
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NO HAY DINERO NI PARA PAGAR A LOS EDUCADORES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Quieren evitar que las condenas prescriban
Los centros de menores recurren a préstamos para pagar educadores
Más de 150 adolescentes están en lista de espera para poder cumplir las penas de libertad vigilada o trabajos a la comunidad
SANDRA LLINARES Los centros de la provincia encargados del control y cumplimiento de las condenas judiciales a menores que no requieren internamiento se han visto con el agua al cuello para atender los casos derivados de la Fiscalía de Menores de Alicante y han recurrido a préstamos para poder pagar a los educadores y así evitar que las condenas prescriban.
La Conselleria de Justicia presta en la provincia de Alicante los servicios de medidas judiciales en régimen abierto o semiabierto a través de tres centros privados a los que otorga subvenciones anuales y que son los que se encargan de que se cumpla el plan de actuación impuesto por el juez. La mayoría de esas condenas suelen ser libertades vigiladas o trabajos en beneficio de la comunidad.
En la actualidad, en la provincia permanecen alrededor de 150 jóvenes en lista de espera para cumplir condena sin internamiento, según los datos que barajan los centros de Nazaret en Alicante y el de San José Obrero en Orihuela. Éstos no pueden hacer frente al aumento de educadores para atender el repunte de casos de menores que deben cumplir su pena. Teniendo en cuenta que han tenido que recurrir económicamente a otras entidades que les respaldan (como la orden de los Jesuítas en el caso de Nazaret, el Obispado en el caso de San José Obrero o directamente a entidades bancarias como el caso del centro Los Arcos de Altea) el aumento de educadores es materialmente imposible. «Bastante tenemos con poder mantener a los que hay», señala Miguel Ángel Saura, director del centro Nazaret.
Nazaret atiende a los menores empadronados en término municipal de Alicante que han sido condenados. Como el resto de centros privados en los que la conselleria de Justicia delega estas funciones, la subvención autonómica llega tarde, poca y mal. La entidad jesuíta recibió en agosto los 251.000 eruos de subvención para este año, por lo que tuvo que recurrir a préstamos para hacer frente al pago de educadores. «En materia de cumplimiento de penas en menores la figura humana es esencial, y los educadores son claves en un programa de trabajo en el que se visita a familias, se dialoga con los chavales, con los amigos o pandillas, se les acompaña a actividades deportivas o a las unidades de atención al dependiente si tienen problemas con las drogas», explica Saura. «Eso sólo puede ser efectivo con educadores, y el Consell no está atendiendo debidamente esta necesidad».
Pero las cosas puede empeorar. Es el caso del centro de Orihuela, que no ha recibido la subvención a las puertas de octubre. En total, los centros alicantinos han adelantado 800.000 euros para poder contratar personal que haga frente al número de menores derivados y evitar que las condenas prescriban, ya que muchas de ellas dejan de ser efectivas a los seis meses (por ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad) o al año (como las libertades vigiladas). Según los centros consultados, muchos jóvenes empiezan su condena al año y medio de haber delinquido y aseguran que hay condenas que prescriben por falta de medios, aunque es un número muy bajo.